De los 102 pueblos
indígenas, 71 están se riesgo de extinción física y cultural.
El relator
de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí, reconoció
ciertos avances para paliar la "deuda histórica" del
Estado colombiano con esas comunidades, pero denunció que la situación de los
derechos humanos de las diferentes etnias del país "sigue siendo grave,
crítica y profundamente preocupante".
A pesar de "la
actitud abierta y el espíritu de colaboración" de las
instituciones para "reconocer la deuda histórica del Estado con los
pueblos indígenas", los desafíos para resolver los "problemas
estructurales" siguen siendo enormes, destacó Calí en una rueda de
prensa en Bogotá al finalizar una visita de 10 días a Colombia, que su oficina
no hacía desde 2009.
En Colombia hay 102 pueblos
indígenas y 71 de ellos se encuentran en riesgo de extinción física y
cultural debido a la "falta de aplicación efectiva de sus
derechos" y por otras razones como el conflicto armado o la
destrucción de su medio de vida.
"Persiste la observación
de fondo de mis predecesores, quienes destacaron que (...) la poca efectividad
y ausencia del Estado, especialmente a nivel local, impide el disfrute efectivo
de los derechos de los pueblos indígenas", aseguró el relator.
La falta de
presencia del Estado deja a estas comunidades a merced de los grupos armados y
organizaciones criminales, así como de agentes económicos que ven intereses en
sus tierras, en problemas "históricos y estructurales, no atribuibles
únicamente a las acciones del Gobierno actual".
Reclutamiento, indigencia y suicidio
A pesar de que el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las
FARC tenía un capítulo dedicado a los pueblos étnicos, este es uno de los que
más retrasos tiene en su implementación y tampoco ha impedido que el conflicto
continúe afectando a los indígenas más
que a otras comunidades.
Calí se mostró alarmado sobre todo por la situación de mujeres y
niños y también ante el reclutamiento forzado de menores, incluso de seis años,
por parte de grupos armados ilegales, situación que afecta especialmente a los
indígenas y que en ocasiones se hace para "obtener
inteligencia", alejando por algunas semanas a los niños de sus
familias para que sirvan de informantes.
Sin embargo, en muchas ocasiones, los niños y niñas reclutados no son aceptados de vuelta en sus comunidades por la desconfianza, lo que "los coloca en una situación de abandono y los lleva a la indigencia, adicción o inclusive la prostitución".
Además, por miedo a estos reclutamientos, otra de las
consecuencias "alarmantes" es "el
reciente y acelerado incremento de las tasas de suicidio entre menores de
edad", añadió.
También es alarmante la violencia sexual hacia las mujeres y niñas
indígenas: "Hay información de violencia sexual en todos los
territorios que se está usando como arma de guerra", recordó
el relator.
Recomendaciones
Más allá de los 71 pueblos indígenas en peligro de extinción,
otros, como el wayúu, mayoritario
en Colombia, se encuentran en una "grave situación
humanitaria" con más de la mitad de esta población, que
reside en el departamento caribeño de La Guajira, en "condiciones de
extrema pobreza".
"En los últimos
10 años, más de 5.000 niños y niñas wayúu han perdido la vida a causa de la
desnutrición y la deshidratación", recordó
el relator de la ONU.
También hay más de 15 pueblos que han optado por un aislamiento
voluntario, pero que viven la amenaza de la minería ilegal, la tala
indiscriminada o la presencia de grupos armados, por lo que el relator hizo un "llamado
urgente" a que el Gobierno adopte medidas "para
abordar la vulnerabilidad y el riesgo de exterminio físico y cultural".
El relator presentará en septiembre el informe ante la ONU, que
incluirá recomendaciones como que se aplique "sin demora" el
capítulo étnico del acuerdo de paz de 2016, promover diálogos directos con
pueblos indígenas, independientes de los procesos de paz actuales, o cumplir
las órdenes de la Corte Constitucional que piden el respeto de los derechos y
la protección de los pueblos.
También pedirá medidas legislativas y administrativas para que se
respeten sistemas jurídicos indígenas o para reconocer sus formas de gobierno,
a la vez que solicitará que se garantice que "la implementación de medidas de
fiscalización de drogas se realice conforme al respecto a los derechos (...) de
los pueblos indígenas, incluyendo sus prácticas ancestrales, y la medicina y
ciencia indígenas".
EFE
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