La atención a estas víctimas es insuficiente por parte de la
administración local e inexistente por parte del Gobierno Nacional.
Luego de verificar la situación de 315 indígenas Wiwa, desplazados por combates entre grupos armados ilegales en el corregimiento Juan y Medio en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que permanecen en la Casa Indígena de Riohacha, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las entidades del orden nacional y regional responsables de la atención a víctimas, realizar una intervención urgente en este y otros albergues de la ciudad, donde hay cerca de 1.000 personas entre indígenas y afrocolombianos desplazados por estos mismos hechos, ocurridos desde el pasado 25 de febrero de 2024.
En declaraciones posteriores a la reunión con los
representantes de estas comunidades, el procurador delegado para los Derechos
Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que la atención que se está prestando a
estas víctimas es insuficiente por parte de la administración local, e
inexistente por parte de Gobierno Nacional, persiste la escasez de agua, hay
hacinamiento, malas condiciones para dormir y brotes de enfermedades
respiratorias que están afectando a un gran número de menores de edad,
mujeres gestantes y lactantes.
Sarmiento hizo un llamado a las entidades nacionales para hacer presencia
y capacitar a las nuevas administraciones locales sobre la normatividad y
procedimientos con enfoque étnico diferencial para atender de manera adecuada a
esta población, teniendo en cuenta sus usos y costumbres.
También requirió a la Fuerza Pública intervenir de
manera inmediata en territorio para restablecer el orden y así evitar más casos
de reclutamiento de menores de edad, delitos sexuales y generar las condiciones
de seguridad necesarias para el retorno de estas comunidades lo antes
posible.
*Con información de
Procuraduría General de la Nación
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