Del
total, 34 fueron acciones directas contra la Fuerza Pública.
@zonacero Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del 2023, la Defensoría del Pueblo le hizo un seguimiento permanente
al cese al fuego bilateral decretado a comienzos del año anterior por el
Gobierno Nacional con varios grupos alzados en armas.
El resultado del estudio deja mucho que desear, toda vez que la
población civil es la principal víctima, al vulnerársele derechos fundamentales
como a la vida, integridad, libertad, seguridad, entre otros.
“A partir del monitoreo que adelantamos, se registraron 236
acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales en el desarrollo
del cese al fuego, de las cuales 34 fueron acciones directas con la fuerza
pública y las restantes 202 correspondieron a acciones indirectas entre las
mismas organizaciones armadas, que constituyeron claras infracciones al derecho
internacional humanitario”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Para darle confianza a la ciudadanía en el avance de los actuales
diálogos de paz y ceñidos a los resultados del balance, enfatiza el Defensor, “es fundamental un compromiso expreso de todas las
estructuras armadas al margen de la ley, como frenar definitivamente el
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, devolver a los menores de edad
que se encuentran en sus filas y terminar con el delito del secuestro, además
de entregar a todas las personas que tienen en cautiverio”.
Una acción directa son hechos bélicos y hostilidades entre la fuerza pública y
los grupos armados involucrados en los decretos del cese, y las acciones
indirectas son aquellas situaciones ejercidas por las organizaciones armadas
ilícitas que atentan contra los derechos humanos (DD. HH) y violentan lo
establecido en el derecho internacional humanitario (DIH), cuyos afectados son
los civiles.
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